Una delegación francesa y alemana viajó este mes a Brasilia, donde las autoridades de los servicios de inteligencia les informaron sobre una supuesta injerencia de Estados Unidos y Rusia antes de las elecciones en Brasil.

Las autoridades de la ABIN (Agencia Brasileña de Inteligencia) confirmaron la existencia de injerencia tanto por parte de EE.UU. como de Rusia”, de acuerdo a un informe de las reuniones elaborado por uno de los participantes.

El supuesto accionar de Washington varió “desde acciones judiciales hasta una injerencia abiertamente reconocida”, afirmaron los funcionarios No proporcionaron detalles sobre la supuesta injerencia rusa.

La visita, hasta ahora no revelada, pone de relieve la creciente preocupación a ambos lados del Atlántico por los esfuerzos de Donald Trump para apoyar a candidatos alineados con el movimiento MAGA. También muestra cómo los posibles objetivos de la injerencia de Washington están ahora intercambiando información.

La primera vuelta de las elecciones en Brasil tendrá lugar el domingo, con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) en una reñida contienda contra el senador Flávio Bolsonaro (PL), cuyo padre, el expresidente Jair Bolsonaro, cumple condena en arresto domiciliario por planear un golpe de Estado tras las elecciones de 2022.

Durante un extraño episodio en pleno discurso en un mitin en Belém, el presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, habló sobre la resistencia de los hombres a someterse a autoexámenes rectales para la detección del cáncer de próstata, mientras que las mujeres supuestamente están más dispuestas a someterse a exámenes ginecológicos “desde una edad temprana”.

Su declaración, que rápidamente se volvió viral, fue criticada por los partidarios de Bolsonaro y usuarios en redes sociales, quienes asociaron la referencia al autoexamen rectal con el abuso sexual infantil.

“Hoy presencié algo que me llena de orgullo. Algo fantástico. Hoy realizamos la primera cirugía robótica de próstata aquí en el estado de Pará y en el norte del país. ¿Y por qué es importante? Porque los hombres son cobardes. A los hombres no les gustan los exámenes de próstata. No les gusta el tacto rectal. Las mujeres aprenden a tolerar el tacto rectal desde jóvenes. Los hombres no; son muy tímidos”, dijo Da Silva en su discurso.

En su discurso, Lula también afirmó que el tema tiene un significado personal para él, ya que su madre falleció de cáncer a los 65 años, cuando, según él, las condiciones del tratamiento eran más precarias.

Leé la nota completa acá

El balotaje es la instancia electoral que definirá al próximo presidente y vice de Brasil, dado que la elección general no contará con un ganador claro de la contienda. En Brasil, la segunda vuelta o balotaje se celebra cuando ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos. En esta instancia se aplica el mismo método de voto electrónico que en la elecciones generales, con la diferencia de que la votación se circunscribe a solo dos fórmulas.

De mantenerse esta tendencia, en la que ninguno de los postulantes obtiene un triunfo en primera vuelta, se definirá la elección en un balotaje, que se llevará a cabo el domingo 25 de octubre.

Quienes hayan realizado los pasos precedentes, el día de la votación deberán presentar el comprobante de título emitido y la documentación pertinente, en el horario y lugar indicado:

• Elecciones generales: domingo 4 de octubre de 8 a 17 horas
• Segunda vuelta: domingo 25 de octubre de 8 a 17 horas
• Ubicación: Embajada de Brasil en Buenos Aires, Cerrito 1350, CABA

Según una encuesta publicada el lunes por el instituto Nexus, el líder del Partido de los Trabajadores cuenta con un 39% de las intenciones de voto frente al 33% del representante de la derecha Flávio Bolsonaro.

En tercer lugar se ubica el outsider Augusto Cury, un psiquiatra que se presenta como una alternativa a la polarización entre izquierda y derecha y que sorprendió al crecer nueve puntos respecto al sondeo anterior del instituto hasta llegar al 11% de intención de voto.

A Cury le siguen el conservador Ronaldo Caiado, con el 5%, el libertario Renan Santos, con el 3%, y el derechista Romeu Zema, con un 1%.

Los servicios electorales se solicitan a través del sistema en línea Título Net Exterior, desarrollado y mantenido por el Tribunal Electoral. Para poder adquirir el documento, es necesario bajar la aplicación, en este link.

En esta instancia se puede elegir entre: obtener una primera tarjeta de registro de votante, transferir el registro de votante, actualizar datos y regularizar una tarjeta de registro de votante cancelada. Cabe aclarar que todas las opciones estuvieron habilitadas hasta el 7 de mayo, y ya no se encuentran disponibles.

La normativa brasilera señala que en años electorales, “la revisión solo puede solicitarse hasta 151 días antes de la fecha de las elecciones, ya que el censo electoral se cierra al inicio de este período”.

Las elecciones en el extranjero son organizadas por el Tribunal Electoral de Brasilia y se llevan a cabo en otros países con el apoyo de los Consulados y Embajadas de Brasil.

El Código Electoral estipula un mínimo de 30 votantes como condición para establecer mesas electorales en el extranjero. Preferiblemente, las mesas electorales funcionarán en sedes de embajadas, oficinas consulares o lugares donde se presten servicios del gobierno brasileño.

En las elecciones presidenciales se utilizará la urna electrónica, que se compone de dos terminales: el terminal de la autoridad de colegio electoral, en el que se identifica al votante y se le autoriza a votar (en algunos modelos, en los que se verifica la identidad del votante mediante datos biométricos), y el terminal del votante, en el que se registra numéricamente el voto.

En Brasil, si ningún candidato obtiene ⁠más del 50% de ⁠los votos válidos en la primera vuelta, los dos candidatos más votados pasan a un balotaje previsto para el 25 de octubre. En una eventual segunda vuelta, Lula registró el 46% y Bolsonaro el 45%, en empate técnico.

Los electores deberán asistir a la jornada de votación para elegir al próximo presidente y vicepresidente, que comandarán los destinos del país por los próximos cuatro años. Además, en 26 estados se elige gobernador, y se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Los siguientes son los postulantes que competirán en las elecciones generales de octubre, tal como indica el sitio oficial del gobierno brasilero:

Los electores deberán asistir a la jornada de votación para elegir al próximo presidente y vicepresidente, que comandarán los destinos del país por los próximos cuatro años. Además, en 26 estados se elige gobernador y se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Con buenas intenciones, y cierto candor, docentes de escuelas primarias y secundarias suelen llevar a sus alumnos a visitar la Legislatura bonaerense. Les prometen una excursión al palacio en el que se elaboran las leyes, se debaten propuestas ciudadanas y se votan cosas tan importantes como el presupuesto de la provincia o los pliegos de designación de jueces. Si un día, en medio de esas recorridas, alguien les contara lo que ocurre entre bambalinas, los maestros tendrían que salir corriendo a hacer la denuncia penal.

Detrás de esa fachada palaciega, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires ha cobrado la apariencia de una madriguera; podría verse como una especie de “aguantadero” en el que se protege la corrupción. No es una conjetura, es un hecho: a escondidas, disimulado dentro de un paquete burocrático de expedientes y números de resolución, la Cámara de Diputados decidió archivar los pedidos de la Justicia para investigar la designación de empleados fantasma y el entramado de ñoquis que reveló el caso de Chocolate Rigau. Todo ha sido tan obsceno que un juez se ha visto obligado a denunciar por presunto encubrimiento a las autoridades legislativas.

Hace exactamente tres años, cuando una noche –casi de casualidad– la policía detuvo en un cajero automático de La Plata a un señor, Chocolate Rigau, que operaba con 48 tarjetas de débito y embolsaba plata de personas a las que la Legislatura les depositaba un sueldo, se corrió el velo sobre un mecanismo que funcionaba desde hacía décadas y que tal vez nunca haya dejado de funcionar. Se supo, así, que una parte del presupuesto legislativo hacía un “rulo” para formar una caja negra que todavía no se sabe bien cómo se distribuía. La Legislatura contrataba a personas que no trabajaban y sus sueldos eran cobrados, de madrugada, por un puntero que después repartía el botín. Los 48 ñoquis de Rigau serían apenas la punta del iceberg.

La fiscal que investiga esa trama había pedido algo elemental: que le informaran los nombres de los legisladores que impulsaron las designaciones de aquellas personas cuyos sueldos eran cobrados por Chocolate. Primero ignoraron la solicitud, después la “cajonearon” y, por último, la mandaron al archivo. Podría leerse como un abierto desafío: no vamos a colaborar con la investigación; no haremos nada que permita esclarecer los hechos y, mucho menos, escalar en la línea de responsabilidades. Les faltó decir lo obvio: “Acá, la corrupción se protege”. Esta semana, sin embargo, emitieron un comunicado en el que niegan que haya sido un ocultamiento y se refugian en la independencia de poderes para rechazar la denuncia de encubrimiento. Ese texto, sin embargo, también tiene algo de confesión: apela a tecnicismos y vericuetos reglamentarios, sin condenar una sola vez la corrupción estructural que quedó expuesta con el mecanismo de los empleados fantasma y sin asumir ningún compromiso con la transparencia institucional; el archivo fue convalidado “mediante una decisión soberana del cuerpo. No se puede perseguir penalmente a legisladores por los votos emitidos en ejercicio de sus funciones”, dijeron con la firma de Unión por la Patria, Pro, la UCR y La Libertad Avanza. Sin fisuras.

La votación que mandó todo al archivo hay que mirarla en un contexto más amplio. La Legislatura provincial maneja, con rampante discrecionalidad, un presupuesto de más de mil millones de pesos por día: es una partida anual de $379.000 millones para una estructura bicameral de 138 legisladores (92 diputados y 46 senadores). En el caso del Senado, que absorbe el 41% del presupuesto, la cuenta arroja un costo, por cada senador, de $3395 millones por año, o más de 9 millones de pesos por día. Las cifras pueden resultar gélidas y abrumadoras, pero dan una idea de la magnitud que involucra el sistema de becas, contratos, subsidios y otros resortes que manejan los legisladores sin que exista prácticamente una rendición de cuentas. A eso se suman “adicionales” de la dieta, que hacen que los ingresos personales de un diputado o senador provincial por lo menos tripliquen los de sus pares nacionales. En la Legislatura los llaman “módulos”: los eufemismos siempre ayudan a nombrar lo inconfesable.

Tres años después de haber estallado el escándalo Chocolate, solo están detenidos el propio Rigau junto a Claudio y Facundo Albini, un exfuncionario legislativo y un exconcejal massista, que en realidad cumplen prisión domiciliaria a la espera de un juicio oral. ¿Qué hizo la Legislatura? Nada. Ni una comisión investigadora, ni una auditoría interna, ni una sesión dedicada a discutir el tema. Tapar y seguir, esa ha sido la consigna.

El caso Chocolate podría haber marcado un punto de inflexión, una especie de mani pulite bonaerense que desmantelara un sistema completamente viciado. Pero para eso habría hecho falta una fuerte reacción política e institucional que ha estado muy lejos de producirse. El gobernador Axel Kicillof decidió mirar para otro lado. Hasta ahora no se le escuchó decir una sola palabra sobre las corruptelas de una Legislatura que, además, ha acentuado su parálisis, con una producción legislativa cada vez más escasa y una chocante desinhibición para convertir cualquier negociación en un toma y daca por cargos y privilegios.

Los partidos también han preferido callar. Funciona, en las entrañas de la Legislatura, una suerte de pacto de silencio que atraviesa a casi todas las fuerzas políticas. Solo una voz aislada y débil de una fuerza marginal se alzó contra la votación, entre gallos y medianoche, de ese paquete en el que se coló el archivo de los pedidos judiciales para conocer “la ruta de los ñoquis”. Fue la de Christian Castillo, un sociólogo bohemio, militante de la izquierda dura, al que se le pueden imputar extravagancias ideológicas, pero todos le reconocen una decencia intachable.

El procedimiento con el que se tomó esa decisión también forma parte de un modus operandi. En la Legislatura provincial se vota con gestos, a mano alzada, que es una forma de no dejar rastros. Siempre es muy difícil, si no imposible, reconstruir cómo se pronunció cada legislador. La votación nominal es excepcional; el tablero electrónico no existe; la prensa no puede seguir las sesiones desde el recinto. Todo parece diseñado para acentuar la oscuridad de una institución que hoy vive bajo sospecha.

Es cierto que los cuerpos legislativos muchas veces son víctimas de un prejuicio y un estigma. Desde una mirada antipolítica, suelen asimilarse las bancas con poltronas de privilegio y medir la productividad de un legislador por la cantidad de sesiones o de proyectos presentados, que pueden ser indicadores engañosos. En cualquier congreso, legislatura o concejo deliberante hay un trabajo invisible que constituye un engranaje fundamental del sistema democrático. Sin embargo, la Legislatura bonaerense se ha empeñado en alimentar y justificar esa mirada. Cada vez luce más desconectada de los problemas ciudadanos; prácticamente no sesiona, pero tampoco hay noticias sobre el trabajo en comisiones. En lo que va de este año, la Cámara de Diputados solo sesionó cinco veces; el Senado, apenas tres. Pero la agenda legislativa es cada vez más endogámica e insustancial. Ni el ciudadano bonaerense más informado podría identificar un debate legislativo que haya instalado propuestas novedosas en una provincia atravesada por una crisis demográfica y un profundo deterioro de los sistemas de educación, seguridad y salud. Solo se han agitado proyectos como los de la reelección indefinida de intendentes o la ampliación de cargos en el directorio del Banco Provincia.

Basta mirar el organigrama de autoridades de ambas cámaras para identificar esa lógica autorreferencial y burocrática que apunta a “manejar la caja” sin preocuparse por la transparencia, la austeridad y el aceitado funcionamiento institucional. Ejercer una vicepresidencia, tanto en Diputados como en el Senado, implica un mayor acceso a la torta de contratos, becas y subsidios. Se explica, así, que cada una de las cámaras de la provincia tenga seis vicepresidencias, cuando en el Congreso nacional solo existe la mitad. ¿Alguien conoce una institución, desde un club de barrio hasta una asociación profesional, que tenga seis vicepresidentes? El dato no responde, por supuesto, a las necesidades del cuerpo legislativo; mucho menos de los ciudadanos. Es doloroso decirlo, pero responde a una cultura política basada en la repartija, en el manotazo y en la opacidad como pacto de convivencia.

El problema no queda encapsulado en esa manzana de La Plata en la que funciona la Legislatura. Hay una conexión, que muchas veces cuesta identificar, entre los desmanejos de ese poder del Estado y la corrupción general que se ha enquistado en sectores de la política. ¿Cuánta distancia hay entre “la caja” que alimentaba Chocolate Rigau y el vestidor lleno de dólares de Insaurralde y Cirio? Es una pregunta que todavía la Justicia no ha logrado contestar. ¿Qué parentesco cultural existe entre el ocultamiento de pruebas en la Legislatura y las maniobras para ocultar el viaje en avión privado a Barbados de una senadora provincial, como es Malena Galmarini, junto a su marido, Sergio Massa? Detrás de todo eso hay, además, un modelo que irradia hacia la sociedad. ¿Qué idea de trabajo y de militancia se les propone a esos “contratados” cuyas tarjetas de débito manejaba Chocolate? ¿Se les promete que un día se jubilarán de ñoquis?

Hay otras preguntas que la política bonaerense no responde: ¿qué relación hay entre el despilfarro presupuestario de la Legislatura y la falta de tomógrafos en los hospitales o los patrulleros rotos en el conurbano? Una vicepresidencia en el palacio legislativo maneja más recursos que un distrito pobre del Gran Buenos Aires. Quizá sea eso lo que explica que el eterno intendente de José C. Paz, Mario Ishii, se haya tomado una licencia en el municipio que maneja desde hace 17 años para asumir como vicepresidente primero del Senado provincial.

La Justicia, con obstáculos y dificultades, hoy intenta tirar de un hilo que tal vez nos lleve a encontrar respuestas. Hay una fiscal que quiere entrar a los sótanos de la Legislatura con una linterna. Y un juez que denuncia una maniobra de encubrimiento. Parece un conflicto alejado de las urgencias y las preocupaciones ciudadanas, pero en el fondo tiene que ver con la calidad de vida y con el modelo ético que se les ofrecerá a esos alumnos que van, con ingenuidad, a conocer la Legislatura. ¿Se les seguirá escondiendo lo que pasa ahí adentro o se les podrá contar que esa institución ha sabido depurarse a sí misma y ofrecer un modelo de regeneración institucional? Puede sonar demasiado naíf, pero sería bueno que los legisladores miren a los ojos a esos chicos que desfilan en las visitas guiadas. Y que se pregunten, en silencio, ¿qué estamos haciendo por ellos?

España se encuentra en una situación crítica, y la crisis de la vivenda volvió a ocupar el centro de la escena. La Puerta del Sol, uno de los espacios más emblemáticos de Madrid, se convirtió en el epicentro de una protesta masiva que llegó a reunir a miles de personas y alrededor de 300 carpas, según estimaciones de medios locales. Las movilizaciones reclaman medidas frente al aumento de los alquileres, los desalojos y las dificultades de acceso a la vivienda. Las protestas se extendieron además a otras ciudades españolas.

La principal cara de las manifestaciones fue María del Carmen Abascal, mejor conocida como Maricarmen, una jubilada de 87 años que el 23 de septiembre fue desalojada de su vivienda en el distrito madrileño de Retiro, en el que había vivido durante 70 años.

La misteriosa casa de Belgrano R que simula un Principado, pero esconde una historia insólita

En este contexto el 29 de septiembre el Gobierno, encabezado por Pedro Sánchez, presidente de la nación y miembro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), aprobó un paquete de medidas en materia de vivienda, conocido informalmente como “decreto Maricarmen”, dividido en dos reales decretos-ley. El primero, el Real Decreto-ley 26/2026, fue publicado el 30 de septiembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entra en vigor el 1.º de octubre. El segundo texto, centrado principalmente en la renovación de los contratos de alquiler, todavía se encuentra pendiente de publicación en el BOE.

¿Cuáles son las medidas?

El Real Decreto-ley 26/2026 adopta “medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible”, según el Boletín Oficial del Estado. Entre sus normativas más importantes se encuentran:

1- Freno a determinadas compras de viviendas

Se limita hasta el 31 de diciembre de 2028 la adquisición de viviendas por parte de entidades cuyo objeto social sea la compra de inmuebles cuando el precio acordado sea inferior al 70% de su valor de tasación de mercado.

2- Protección frente a desalojos en personas vulnerables

Se suspenden hasta el 31 de diciembre de 2030 los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional cuando el demandante sea un fondo o entidad dedicada a la inversión especulativa.

3- Regulación del alquiler temporal y por habitaciones

• Causa justificada de temporalidad: Los contratos temporales deberán responder a una necesidad real y acreditada; si dura más de 12 meses o se encadenan más de dos contratos temporales consecutivos, se convertirá automáticamente en contrato de vivienda habitual.
• Alquiler por habitaciones: La suma de los alquileres de los contratos por habitaciones de una misma vivienda no podrá superar el importe correspondiente al alquiler de la vivienda completa.
• Gastos e impuestos: Los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato no podrán trasladarse, directa ni indirectamente, al inquilino. La norma también introduce límites sobre la repercusión de determinados gastos asociados a la vivienda.

4- Topes a las actualizaciones de alquileres y prórrogas de contratos

• Límite a la subida de alquileres: Hasta el 31 de diciembre de 2027, la actualización anual no podrá aplicarse si el alquiler supera el índice de referencia; si está por debajo, no podrá incrementarse más de un 2% en defecto de pacto.
• Prórroga extraordinaria: Los inquilinos de vivienda habitual podrán solicitar una prórroga extraordinaria anual de hasta dos años adicionales al finalizar las prórrogas obligatorias o tácitas

5- Viviendas turísticas y vacías

Los alquileres turísticos de corta duración (hasta 30 noches) quedan sujetos al 10 % de IVA y se autoriza a los ayuntamientos a aplicar recargos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de hasta el 150 % a pisos turísticos o viviendas vacías en zonas tensionadas.

6- Préstamos al 0 % de interés para financiar la entrada de la primera vivienda

Se podrá financiar la cuantía menor entre el 20 % del valor de la vivienda hipotecada y un importe máximo de 50.000 euros para primera vivienda. Tendrá una carencia equivalente al plazo de la hipoteca bancaria privada, hasta un máximo de 30 años (durante los cuales no se abonará el principal de este crédito mientras se pague la hipoteca). Una vez concluida la carencia, se otorga un plazo de hasta 10 años para el reintegro total del préstamo.

El segundo decreto (y las medidas más polémicas)

El segundo decreto fue aprobado por el Consejo de Ministros el martes, y está programada su publicación el día jueves 1 de octubre en el Boletín Oficial. Algunas de las medidas que se contemplan son:

1. Prórroga y renovación automática del contrato: Modifica el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para establecer que, una vez cumplido el plazo mínimo legal de alquiler (5 años si el propietario es persona física o 7 años si es persona jurídica), el contrato se prorrogará automáticamente por periodos de la misma duración salvo que se comunique la voluntad de no renovar.
2. Plazos de preaviso: Si el propietario decide finalizar el contrato al vencimiento, deberá notificárselo al inquilino con al menos 6 meses de antelación, mientras que el inquilino mantiene el plazo de preaviso de 2 meses.
3. Indemnización obligatoria de 12 mensualidades: El dueño de la propiedad podrá decidir no renovar el contrato sin requerir una causa específica siempre que abone al inquilino una compensación equivalente a al menos 12 mensualidades de alquiler (calculadas según el índice estatal de referencia y no inferiores a un mes por año habitado). El propietario podrá recuperar la vivienda sin abonar esa indemnización en determinados supuestos previstos por la normativa, entre ellos cuando necesite destinarla a su propia vivienda habitual o a la de determinados familiares.

Las opiniones de los especialistas

“Los decretos que ahora se presentan demuestran lo alejados que están nuestros gobernantes de la realidad y suponen una vuelta más sobre políticas que ya se han mostrado fallidas y nocivas”, resalta Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, una plataforma española para comprar, vender o alquilar viviendas, y agrega que el principal problema del país es la falta de vivienda disponible en el mercado.

“Prorrogar la duración de los contratos, hacerlos indefinidos o limitar la subida de las rentas no pone en el mercado ni una sola casa, sino todo lo contrario”, afirma. Desde su perspectiva, las políticas y medidas que no vayan encaminadas a hacer crecer la oferta de viviendas en alquiler serán fallidas y “ahondaran más en la crisis en la que estamos inmersos”. En este sentido, explica, que si la oferta desaparece, se condena el futuro de los inquilinos que no encontrarán viviendas para alquilar.

“Todas las propuestas van ahora encaminadas a proteger a los inquilinos actuales a costa de las personas que están buscando una vivienda o una habitación en alquiler, que se enfrentan a una evaporación acelerada de la poca oferta que queda disponible”, señala.

Rubén Puras Tolosana, dueño de la inmobiliaria española M30 coincide: “Últimamente, las medidas relacionadas con el alquiler van en contra del propietario. Sabemos que hay especuladores y personas que actúan con poca honestidad buscando obtener la máxima rentabilidad, pero son los menos”. A su vez, opina que la mayoría de los propietarios son personas que tienen dos viviendas, muchas veces heredadas, o que consiguieron formar un patrimonio con su trabajo y no necesariamente especulan con la vivienda.

A eso, Santiago Fronza, socio fundador de Tecnofind, empresa que provee servicios tecnológicos para inmobiliarias, suma: “La vivienda es un derecho, pero también es propiedad privada y, para muchas familias, una inversión. Las políticas públicas deberían proteger ambas realidades, no enfrentar al propietario con el inquilino”.

Desde las organizaciones de inquilinos, en cambio, la lectura es diferente. Valeria Racu y Alicia del Río, portavoces del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, cuestionaron la decisión de dividir las medidas en dos textos y reclamaron una regulación más amplia del mercado. “Si realmente permitimos que haya dos reales decretos, nos estarán fallando una vez más. Divide y conquistarás, nunca más”, declararon a la Agencia EFE. A su vez, manifestaron que los verdaderos invasores son “los inversores, los inversores inmobiliarios, los inversores internacionales que hace mucho tiempo se han quedado con nuestro país”.

Es por eso, que se niega a finalizar las protestas, a pesar de los nuevos paquetes de leyes. “En las calles estamos echando un pulso histórico al Gobierno y le estamos diciendo a los políticos que el pueblo manda. Esto va de mucho más que una acampada”, sostuvo Racu ante los medios.

En su sitio web, el sindicato sostiene que su objetivo es evitar “las subidas desorbitadas del precio de los alquileres”, los finales de contrato y las expulsiones de los barrios. La organización mantiene además una posición crítica frente a los grandes fondos de inversión, las inmobiliarias y la expansión de los pisos turísticos.

El mercado de viviendas en España

La tensión que atraviesa el mercado inmobiliario en España es cada vez más evidente, y se manifiesta con fuertes diferencias terriotriales. Mientras que comprar o alquiler en ciudades o zonas más demandas aumenta cada vez más, distintas regiones del país buscan atraer habitantes. Es por eso que la dicotomía es notoria: en los principales centros urbanos se puede adquirir una habitación que supera los €120.000, mientras que hay casas en zonas despobladas por €20.000.

Los especialistas coinciden en que el país enfrenta una situación crítica en materia de vivienda. La tensión no solo refleja un problema de precios, sino un desafío estructural sobre cómo y dónde se quiere vivir en España.

Container, steel frame o prefabricada: cuál conviene para una casa de 60 m² y cuánto cuesta cada sistema

Incluso antes del nuevo paquete de medidas, distintos actores del sector advertían sobre las dificultades del mercado de alquiler: “En Barcelona el mercado está extremadamente tensionado. Conseguir alquiler es una hazaña”, había declarado a LA NACION Fronza, y especialista en esa ciudad en mayo de este año. Según explicó, los propietarios se mostrabam reticentes a alquilar debido a las limitaciones de los precios, el riesgo de ocupación ilegal y la percepción de que las garantías no alcanzan para cubrir posibles destrozos de los inquilinos.

Hoy, su opinión sobre las medidas es contundente: “Uno de los mayores errores de este Gobierno es demonizar al pequeño propietario, que en muchos casos es una persona trabajadora que, con años de esfuerzo y ahorro, ha conseguido comprar una segunda vivienda. Y al propietario cuanto más se le presione, mayor será el riesgo de que retire esa vivienda del mercado. Entonces, posiblemente, aumente la oferta de inmuebles en venta”.

En números, según los datos de Idealista de agosto 2026, los alquileres más caros de España se concentran en las siguientes ciudades:

1. Madrid: €23,3/m²
2. Barcelona: €20,2/m²
3. Palma de Mallorca: €19,3/m²
4. San Sebastián: €18,1m²
5. Málaga: $16,5/m²

Un detalle no menor, que permite dimensionar las diferencias territoriales: el alquiler, por metro cuadrado, en Madrid es un 181% más caro que en las capitales más económicas, como Cáceres (€8,3/m²) o Zamora (€8,4/m²) y un 54,3% más que la media española que es de €15,1/m² al mes.

Para finalizar, Fronza agregó que “las comunidades autónomas tienen regulaciones muy diferentes entre sí, por lo que el impacto no será homogéneo. Creo que Cataluña, y especialmente Barcelona, será una de las zonas más afectadas, porque ya partimos de un mercado con un nivel de regulación muy elevado”.

Cuatro sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) convocaron a un paro provincial de 24 horas para el jueves de octubre. Los reclamos centrales son el llamado a paritarias y la adopción de medidas para prevenir hechos de violencia en las escuelas.

La medida fue impulsada por Suteba, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA), en reclamo de un llamado a paritarias y acciones concretas frente a los episodios de violencia que afectan a maestros y profesores.

Los gremios convocantes llamaron a la huelga con la consigna “Paro provincial Docente. Queremos una sociedad que cuide a quienes enseñan. Basta de Violencia contra los y las docentes.

Noticia en desarrollo